Ganan juicio ambiental por el polémico dragado del Riachuelo

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Es por el daño al medioambiente que generó el millonario excavado y con el desmonte del arroyo. El fallo se conoció el 1 de septiembre último.

«Luchar contra los delitos ambientales en Corrientes, sirve», señalaban el jueves pasado el movimiento de ciudadanos correntinos, ambientalistas, guardapar­ques y biólogos que fueron a la Justicia para cuestionar el millonario dragado del Riachuelo, el que provo­có un daño importante al medioambiente.

A través de las redes so­ciales los correntinos nu­cleados en «El Riachuelo se defiende», confirmaron que después de cuatro años se conoció el fallo del juez Ma­rio Fernández Corona, del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de esta capital, en el que reconoce «la falta de es­tudio de impacto ambiental del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa)», a la par que «ordena, en un plazo de 40 días, informar sobre si existió la recompo­sición del daño al ambiente por parte de la empresa con­tratista Ecodyma», e «insta a ejecutarla mediante un plan de gestión».

En el dictamen el ma­gistrado también expresa «que el Estado correntino es el principal responsable de no cumplir la ley general del ambiente, N.º 25.675», y también «incita al Icaa a to­mar mayor responsabilidad en su accionar en materia ambiental».

Pese a lo positivo de un fallo en materia ambiental, los demandantes cuestio­nan algunos puntos de la sentencia, que -según espe­cificaron- les dejan un sabor amargo de inconformidad.

En ese sentido, concluye­ron: «Necesitamos más jue­ces idóneos en materia am­biental en los tiempos actua­les; que los delitos ambienta­les necesitan celeridad en la resolución, ya que los daños muchas veces son irrepara­bles; que denunciar y llegar hasta las últimas consecuen­cias sirve y que somos los ciudadanos los que debemos exigir que se cumplan las le­yes, porque para eso están».

Vale recordar, que la causa fue iniciada por ciudadanos y grupos ecologistas, debido al impacto causado al ambien­te a raíz de la realización de obras en el arroyo Riachuelo, con el propósito, señalaron, de evitar inundaciones.

La demanda se sustentó no sólo en el daño generado al ambiente, sino también en el incumplimiento de nume­rosas normativas ambienta­les que no fueron tenidas en cuenta en la autorización y concreción del proyecto de dragado.

Las cuales demandaron una inversión provincial, en su momento, de $180 millo­nes, y se iniciaron en julio de 2017; además, las dos etapas finalizaron en diciembre de 2018, completando el tramo hasta la confluencia con el Riachuelito.

Las obras

Las obras de dragado del arroyo Riachuelo se encara­ron en el marco de la ley de emergencia Nº 6.408 de abril de 2017, tras las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar, con el objetivo de disminuir el tiempo de permanencia de los exceden­tes hídricos o desbordes del arroyo. En su momento se informó que «se buscó me­jorar la calidad de vida de los habitantes afectados por las inundaciones, sin afectar al ambiente en forma perma­nente». Los trabajos realiza­dos consistieron en el retiro de los sedimentos del cauce, para conformar un ancho uniforme en el mismo y dar una pendiente adecuada para una autolimpieza, y a la vez que no sea una velocidad ero­siva que destruya sus taludes.

La obra fue encarada en dos etapas, con financia­miento del Gobierno provin­cial por más de $180 millo­nes, la primera iniciada en agosto de 2017 hasta el puen­te Pexoa, y la segunda realiza­da por licitación pública, cuya apertura de sobres se realizó el 29 de mayo de 2019, con el objeto de ayudar a desaguar la cuenca, aguas arriba, que nunca tuvo una intervención, con avances de vegetación en algunos lugares en el mismo cauce, como en la zona de Paso Martínez. El dragado del Riachuelo se completó hasta la confluencia con el arroyo Riachuelito, pero no llegó a San Luis del Palmar.

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